Esta contribución de Pablo Beytía forma parte de la discusión en línea de Wikiprogress

AméricaLatina "Calidad de Vida Urbana ¿Cómo hacerla una realidad?"

Santiago de Chile, un paradigma de segregación urbana

Pablo Beytía[1]

Director Centro de Investigación Social de TECHO Chile[2]

Santiago de Chile es un caso paradigmático de segregación urbana. Esta afirmación no se justifica únicamente por sus altos niveles de segmentación social[3] —que quizás hayan sido más evidentes en la Italia del siglo XVI, o lo sean hoy en el gueto estadounidense y las favelas brasileras—, sino que por su calidad de experimento político. Efectivamente, lo que hace única la geografía santiaguina de la pobreza y la exclusión urbana, es que fue en gran parte favorecida por un proyecto político neoliberal promovido y cedimentado desde una dictadura. La fuerza de este proceso fue tal, que incluso hoy sigue mostrando efectos y arrastrando limitantes importantes para la integración socioeconómica de la ciudad, lo cual demuestra que una política basada en la violencia física puede plasmar un tipo de fuerza más estructural e impercepcible, una violencia espacial, que se esparce y retroalimenta de manera visible, aunque enigmática, a través de todo el territorio y que hoy es muy difícil de socavar.

El origen de esta violencia espacial —aquella fuerza segregadora y estructurante del espacio urbano de Santiago— no se puede fechar con exactitud y seguramente sostiene raíces incluso en el período colonial. No obstante, sí se puede afirmar con certeza que, desde mediados de la década de 1970, se desarrolló en Chile una transformación política que potenció el impacto de esta fuerza segmentadora. Se puede declarar esto, debido a los efectos que tuvo la incorporación política de dos importantes medidas habitacionales.

Primeramente, en 1975 se diseñó y aplicó un nuevo programa de vivienda social basado en otorgar subsidios habitacionales a familias de bajos ingresos, las cuáles devolverían al Estado, en el largo plazo, una parte del dinero por ellos invertido (Rivera, 2012). Con ésta política se favoreció la concepción de la vivienda como objeto de consumo (más que como derecho), limitando el actuar gubernamental al establecimiento de regulaciones o incentivos para la inversión privada. Posteriormente, en 1979, se promulgó una política Nacional de Desarrollo Urbano, la cual enfatizaba que el suelo no era un recurso escaso, permitiendo que las ciudades crecieran de forma espontánea según los vaivenes del mercado y minimizando la labor estatal de planificación urbana (MINVU, 2006).

Mientras la primera política tenía la intención de crear un mercado habitacional para la población más pobre del país —a partir de la gestación artificial de una demanda con recursos económicos—, la segunda eliminaba todas las trabas urbanas que pudiera tener este mercado. Con ambas medidas, el Estado se desligó en el mayor grado posible de su labor como orientador y garante de resultados políticos, limitándose a asegurar los medios para que exista un mercado autorregulado de la vivienda social.

Este modelo subsidiario y desregulado fue complementado con una decisión política que aceleró las dinámicas de segregación urbana. Dado el momento crítico que tuvo la economía chilena en 1982, el Gobierno optó por reducir la calidad máxima de las viviendas sociales, señalando que ellas no deberían superar los 45 metros cuadrados y no tendrían posibilidades de ampliación, diminuyendo también su equipamiento urbano (Rabi y Aguirre, 2001). Esta decisión terminó de sellar la soberanía de la racionalidad económica en las políticas de vivienda social: lo importante no fue el desarrollo humano, la calidad de vida, la integración social o la justicia, sino el logro de una relación costo/beneficio satisfactoria en el corto plazo. En otras palabras, el proyecto contemplaba la construcción de la mayor cantidad de viviendas sociales en el menor costo directo posible, sin considerar las enormes dificultades urbanas que estaba generando en el largo plazo, y por tanto, los costos indirectos que tendría la aplicación de esta política.

Efectos urbanos de una política subsidiaria y desregulada

Luego de que el Estado se transformó en “accionista”, más que en implementador activo de las políticas de vivienda social, principalmente han sido los mercados de suelo e inmobiliario los que han pautado la construcción masiva de condominios sociales en Santiago, que en la década de 1990 —ya en plena democracia— llegó a involucrar más de 130.000 departamentos. Tan fuerte ha sido el liderazgo de los criterios económicos en la implementación de políticas habitacionales, que actualmente el precio de suelo es un indicador muy preciso de la cantidad de proyectos de vivienda social que se han construído en las comunas de Santiago: mientras más barato es el terreno, más condominios sociales hay (TECHO Chile, 2013).

Esta relación insinúa algo positivo: las políticas de vivienda social fueron muy eficientes, dado que tendieron a construirse considerando el menor costo de suelo posible. El problema oculto, sin embargo, es que producto de la falta de planificación estatal se aglomeró a la población más vulnerable de la ciudad en sectores periféricos que, si bien casi por definición tienden a carecer de bienes, servicios y oportunidades urbanas, hoy —en parte también por esta misma aglomeración— manifiestan un sinfín de deficiencias en los indicadores de bienestar social. En efecto, aquellos lugares en donde se ubica la población más vulnerable de Santiago, hoy tienden a tener un mayor déficit en la calidad de las viviendas, menor cobertura de alcantarillado, electricidad y agua potable, altas distancias hacia servicios públicos indispensables, mayor analfabetismo, institutos educativos con menores puntajes en los exámenes nacionales, población con menos años de estudio y mayores tasas de desempleo (TECHO Chile, 2013).

Esta suma de factores —o dimensiones en que se desarrolla y potencia la segregación residencial— evidencian que el modelo de políticas habitacionales, fundamentado en subsidios y desregulación de mercado, tuvo muy deficientes resultados en cuanto al logro de integración social y económica en la población. En los hechos, este modelo tendió hacia la segregación urbana en las múltiples dimensiones señaladas.

¿Pero cómo sucede esto? En un primer momento, el mercado espontáneamente redistribuye a la población vulnerable hacia aquellos terrenos con menor precio de suelo, los cuales, hoy sabemos, tienden en Chile a concentrar problemas habitacionales, falta de equipamientos públicos, escasas oportunidades educativas y posibilidades de trabajo. En una segunda instancia, se potencian las diferencias de oportunidades entre los territorios con mayor y menor precio de suelo, debido al efecto que tiene la aglomeración de población con bajo capital económico, social y educativo. El resultado, es que la distinción espacial de Santiago —que antigüamente se asoció a la distribución de ríos, cerros y valles—, hoy se remarca muy claramente por distinciones materiales y de oportunidades urbanas; la población se separa fuertemente, además, por criterios socioeconómicos.

Añadido a este efecto segregador, la política habitacional subsidiaria y desregulada ha manifestado otras limitaciones importantes. Una de las más importantes, es que depende de la oferta inmobiliaria, que ha demostrado ser muy favorable a la construcción social en épocas de crisis económicas (por ejemplo, las crisis chilenas de 1972 y 1982), pero no tanto en períodos de abundancia monetaria. Ello ha hecho que en Chile actualmente se construyan menos viviendas sociales que las que el Estado está dispuesto a subsidiar, produciendo una crisis de oferta habitacional.

Hoy existe una alta demanda habitacional en el país (según la encuesta CASEN, el déficit cuantitativo de vivienda ha aumentado entre 2006 y 2011). Ello se corresponde con las decenas de miles de subsidios entregados anualmente por el Gobierno, pero no con el hecho de que la cantidad de construcción social viene disminuyendo en los últimos años. Este descenso se debe, en parte, a que desde 2006 la política de vivienda social se ha ido orientando crecientemente hacia a la calidad de la construcción y del entorno urbano —lo cual exige nuevos recursos y mayores períodos de trabajo—, aunque también al progresivo aumento del precio de suelo urbano, ya que éste povoca que el rubro inmobiliario tenga una baja disposición a construir proyectos sociales según el monto actual de los subsidios habitacionales.

Claves para reeorientar la política habitacional

La problemática presentada en este documento es bastante compleja y sería demasiado ambicioso tratar de proponer aquí las políticas necesarias para superar esta violencia espacial, que efectivamente se disemina y reproduce cotidianamente en Santiago.[4] Quisiera, sin embargo, resaltar dos ideas que creo muy relevantes para la discusión, dado que apuntan al fondo de la problemática.

En primer lugar, quiero referirme a los barrios ya segregados, que representan aproximadamente un 12,8% de la población del Gran Santiago (Atisba, 2010). En los próximos años debería aplicarse en Chile un plan importante de mejoramiento de estos territorios, pero abordando la problemática desde una lógica multidimensional, que no limite la aplicación política a una única perspectiva o ministerio público. Se necesitan soluciones múltiples, que consideren la estructura de la vivienda, pero también el espacio público, el transporte, los servicios urbanos y la seguridad ciudadana (Poduje, 2012). La regeneración de barrios debe darse, entonces, de una manera holística, que imagine la problemática a una escala de ciudad.[5]

Por otra parte, quisiera sugerir que es necesario un viraje de la política habitacional hacia un modelo que priorice la integración por sobre la eficiencia, lo cual implica una mayor regulación y planificación urbana (a pesar de las mejorías que se vienen efectuando desde 2006 en los decretos del Ministerio de Vivienda). Como orientación de este proceso, quisiera promover tres de los principios propuestos por TECHO Chile (2013): a) cada vivienda social debe situarse en barrios heterogéneos economica, étnica y socialmente, b) todos los condominios sociales deben estar cercanos a servicios básicos de calidad, centros de trabajo con suficiente empleabilidad y redes eficientes de transporte público y c) la génesis de cada condominio debe incentivar, en la población de origen, la mantención de vínculos cercanos y organizaciones vecinales.

Referencias bibliográficas

Aravena, A., J. De Gregorio e I. Poduje (2013). Vía rápida para reducir la desigualdad. Propuestas para revertir la segregación urbana en nuestras ciudades. Informe de políticas públicas, Nº 2.

Atisba (2010). Estudio Guetos en Chile. Atisba Estudios y proyectos urbanos. Santiago, Chile.

Beytía e Ibañez (publicación próxima). Barrios de vivienda social. Tres focos para revertir su deterioro urbano. Claves de Políticas Públicas.

Del Campo, C. y A. Tokman. 2013. Vivienda social integrada a la ciudad. Grupo Res Pública Chile (2013). 95 propuestas para un Chile mejor. Santiago de Chile: Grupo Res Pública Chile

MINVU (2006). Historia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Obtenido en: http://www.minvu.cl/opensite_20061113164636.aspx

OECD (2013). OECD Urban Policy Reviews, Chile 2013. OECD Publishing.

Poduje, I. (2012). Blocks. La pesadilla de la casa propia II. Revista CIS, Nº 16.

Rabi, S. y B. Aguirre (2001). Trayectoria institucional de la CORVI. En A. Raposo Moyano. Espacio urbano e ideología. El paradigma de la Corporación de la Vivienda en la arquitectura habitacional chilena 1953-1976. Santiago: Ediciones Universidad Central.

Rivera, A. (2012). Historia de la política habitacional en el área metropolitana de Santiago. Revista CIS, Nº 16.

TECHO Chile (2013). Hacia un país con ciudades integradas. Diagnósticos y propuestas para las políticas de vivienda social. Santiago de Chile: TECHO.

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[1] Director del Centro de Investigación Social de TECHO Chile. Profesor del curso “Segregación Urbana” en la Universidad Alberto Hurtado. Sociólogo y Magíster en Sociología, P. Universidad Católica de Chile.

[2] Las opiniones propias de este artículo son responsabilidad del autor y no corresponden necesariamente a las de las de TECHO Chile.

[3] Santiago fue identificada por la OCDE, en 2013, como la ciudad con mayor segregación entre los países que miembros de la organización (OCDE, 2013).

[4] Para conocer una amplia gama de propuestas, ver TECHO Chile (2013), Del Campo y Tokman (2013) y Aravena, De Gregorio y Poduje (2013).

[5] Una propuesta política orientada al transporte, espacio público y seguridad, puede verse en Beytía e Ibañez (publicación próxima).

Calidad de Vida Urbana ¿Cómo hacerla una realidad?

     Discusión en línea de Wikiprogress América Latina

“Calidad de Vida Urbana ¿Cómo hacerla una realidad?”

La importancia de las mediciones, la política pública y la implementación.

Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el Seminario Satisfacción Subjetiva con la Vida y la Sociedad (SAVISO) UNAM-IIS, International Transport Forum La OCDE Centro de México, OECD Public Governance, el Núcleo de Estudios Metropolitanos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la PUC-Chile, Wikiprogress y Wikiprogress América Latina quieren conocer tu opinión sobre “Calidad de Vida Urbana”. Esta discusión en línea será una oportunidad única para discutir, intercambiar puntos de vista y mejores prácticas en esta materia. Se invita a los participantes a compartir los resultados de su investigación o sus propias experiencias. 

El debate empieza a las 09:00 del 21 noviembre hasta las 16:00 del 5 diciembre 2013 (GMT) y se centrará en las siguientes preguntas: 

1.  ¿Por qué es importante incorporar consideraciones de Calidad de Vida, Bienestar, Habitabilidad del Entorno y el “Derecho a la Ciudad” en la política pública urbana?

2. ¿Cuáles son los atributos de una ciudad habitable? ¿cuáles son sus características? (por ejemplo: parques; eventos sociales; transporte)

3.  ¿Qué indicadores deberíamos tomar en cuenta para evaluar la calidad de vida urbana?

4.  ¿Qué políticas públicas, programas sociales y estrategias de desarrollo urbano se llevan a cabo en América Latina con el propósito de elevar la calidad de vida de las personas?

5.  ¿Qué políticas públicas adicionales pueden realizarse para elevar la calidad de vida urbana? ¿A quién le corresponde realizar estas políticas?

Te invitamos a dejar tu comentario en la sección “Contribuye” de la página del debate. 
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Esperamos contar con su participación.

Equipo Wikiprogress América Latina

Contribución de Antonio Elizalde para Discusión en Linea Wikiprogress America Latina

Esta contribución de Antonio Elizalde forma parte de la discusión en línea de Wikiprogress América Latina (http://bit.ly/18oXTu4) "Políticas Públicas para el Buen Vivir y el Bienestar"

La linea de la dignidad. 

Los avances hacia la Línea de Dignidad

En el ámbito del Programa Cono Sur Sustentable, los proyectos Brasil, Chile y Uruguay Sustentable presentaron hacia fines de los años 90, la propuesta de realización de un conjunto de estudios buscando la construcción de un sistema de indicadores al cual se denominó Línea de Dignidad. El esfuerzo mencionado se tradujo en la publicación de varios documentos que surgieron como resultado de esa iniciativa. 

Dicha propuesta surgió de constatar que para avanzar hacia sociedades sustentables es necesario implementar criterios para la sustentabilidad social, política y ambiental. Si bien diversos actores estaban desarrollando esfuerzos para identificar los aspectos o dimensiones vinculados a la sustentabilidad ambiental, aún existía una notable ausencia de avances en lo referido a la dimensión social y política de la sustentabilidad. 

Este trabajo se concentró en definir los conceptos tradicionales de equidad, pobreza y distribución del ingreso apuntando a establecer criterios para la definición de una nueva línea de base para una vida digna, para proveer orientaciones a las políticas públicas sociales que apuntaran más allá de la mera subsistencia física de modo de garantizar así la satisfacción de las necesidades humanas de una manera integral, incluyendo entonces el ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. 

Su objetivo es trascender los límites de los indicadores normalmente en uso. La Línea de Dignidad debe ser capaz de medir la transformación política, el cambio de paradigmas, la construcción de ciudadanía. Aún partiendo también de discusiones ligadas a los conceptos de calidad de vida, se pretende ir más allá, agregando un sistema de indicadores cualitativos y cuantitativos, que constituyan la ética y la cultura de la equidad como regla primordial. 

En verdad, al asumir las cuestiones ética y cultural para la Línea de Dignidad, se hace eso (1) presuponiendo una faja de exigencias, que comprende derechos, responsabilidades y deberes, a ser obedecida y respetada por todos; y (2) asumiendo un cambio necesario en los patrones de consumo hegemónicos en nuestra sociedad. Eso nos impone la necesidad de transformaciones radicales, en los hábitos de los que todos pueden y en las aspiraciones de aquellos a los cuales sólo les es dado soñar. 

La profundización del tema requiere responder a un desafío de orden práctico: ¿cómo establecer, “objetivamente”, lo que es entendido como dignidad por aquellos que podemos caracterizar como “desposeídos”? ¿O –más aún- por aquellos que son tornados “invisibles” por el modelo político vigente? Ante un desafío que trasciende la mera cuantificación de las necesidades objetivas dictadas por la sobrevivencia o, incluso, un cotidiano con un mínimo de tiempo libre, ¿cómo establecer ese carácter cualitativo de lo que es digno?” (Pacheco y Jaque en Pacheco, 2005: 7-8) 

La Línea de Dignidad es aquella en que antes que nada, se puede levantar la cabeza y eso no es algo fácil de medir. La dignidad se mide en poder decir que se es ciudadano. Entonces no necesariamente se mide por tener cosas, se mide por tener el poder de esa ciudadanía. Es la conquista de una conciencia respecto a la dignidad propia de todo ser humano. 

Para operacionalizar esta propuesta conceptual se tomó como base el análisis de los parámetros línea de pobreza y salario mínimo en Brasil, Chile y Argentina, y se hizo evidente la necesidad de reformular los salarios mínimos nacionales para incorporar la satisfacción de las necesidades humanas y el ejercicio de derechos sociales, culturales y políticos; y así fijar en esos nuevos parámetros a una primera aproximación a los ingresos mínimos que permitirían asegurar una vida digna. 

La Línea de Dignidad constituye una propuesta conceptual en proceso de elaboración, para integrar variables transversales de sustentabilidad social, ambiental, económica y política en la política pública; y enriquecer su potencial como indicador de sustentabilidad. Su objetivo es aportar al debate y las negociaciones sobre la sustentabilidad socio-ambiental a nivel local, nacional e internacional. 

En la perspectiva de una ciencia de la dignidad humana

Entre los desafíos que explicita la Línea de Dignidad en su actual estado de formulación se cuentan: a) la necesidad de repensar las necesidades humanas y revertir las tendencias de crecimiento económico y consumo sostenido; b) desmaterializar las concepciones de bienestar del Norte y el imaginario de consumo del Sur; c) reclamar los derechos al consumo básico; y d) cuestionar las bases de cómo se articula la distribución de bienes y beneficios del desarrollo a nivel nacional e internacional. 

El concepto de Línea de Dignidad contribuiría en el avance de la lucha de los movimientos sociales. Al permitir que: a) pueda establecer los objetivos de la política social en un nivel superior en términos cualitativos y cuantitativos, al de la simple superación de la situación social definida por los conceptos autocomplacientes y discriminatorios de línea de miseria y línea de pobreza; b) pueda poner los objetivos de la política social en un horizonte amplio que supera los criterios meramente cuantitativos y minimalistas del salario mínimo y de la canasta básica; c) ayudar a superar el esquematismo y la uniformidad de las políticas sociales, al poseer gran flexibilidad y diversidad para la aplicación política y de ayuda para la formulación de demandas concretas; d) colocar el tema ético de la dignidad como un objetivo estructural para el conjunto de la sociedad, permitiendo cuestionar no sólo el piso de renta en la sociedad, la capacidad mínima para vivir, como ocurre en la mayor parte del debate sobre política social, sino también el techo, o sea, el sobre-consumo descontrolado y egoísta de una elite minoritaria. En otras palabras, la indignidad está no sólo en la imposibilidad de tener condiciones básicas para vivir con decencia, sino también en el desperdicio ostentoso de una minoría que, al producir y reproducir una gran concentración en la distribución de los recursos naturales finitos, impide que el conjunto de la sociedad pueda vivir una vida digna; e) posibilitar asimismo establecer un horizonte redistributivo que haga posible iniciar un debate ciudadano respecto a temas como: los límites, los umbrales, la mesura, la justicia social y ambiental, y los valores en torno a los cuales organizar los esfuerzos individuales y colectivos en pos de la sustentabilidad de nuestras sociedades. 

Para avanzar en esta perspectiva, creo necesario presentar esquemáticamente el modelo teórico que diseñamos con Max-Neef, Hopenhayn y otros investigadores, hace ya casi tres décadas . Allí cuestionamos el concepto de necesidad asociado al modelo de “desarrollo” imperante, entendido como crecimiento sostenido y tributario de un sistema de creencias anclado en la Ideología del Progreso. La necesidad, entendida como análoga al deseo y que tiene un carácter de infinitud que se retroalimenta a sí misma, ya que por cada necesidad satisfecha surgirán muchas otras necesidades que será necesario satisfacer. Dando así origen a una concepción económica orientada a la satisfacción de las necesidades humanas, como un sistema en permanente crecimiento, y que por tal razón es funcional al crecimiento. Es casi inconcebible para un economista pensar, por ejemplo, en el crecimiento cero. Casi toda la reflexión económica está organizada en torno al crecimiento. 

Contrariamente, se puede concebir la necesidad humana como algo asociado a nuestra naturaleza como entes vivos, constitutiva de nuestra biología y psicología, ese ámbito físico - neuro - psicológico donde se encuentra radicado aquello que pensamos como la “vida humana”. Así apreciamos la existencia de una naturaleza humana, que en lo sustantivo, ha permanecido inalterable a lo largo de la historia y a lo ancho de las culturas. Por lo tanto, existen necesidades humanas universales para el conjunto de aquellos que reconocemos como seres humanos, que corresponden directamente con lo que llamamos Derechos Humanos, reconocidos para toda la humanidad. 

Aquí surge la necesidad de un nuevo concepto que dé cuenta de la dimensión aparentemente cambiante de la necesidad. A ello hemos denominado "satisfactores", en nuestra teoría de las necesidades. Son éstos los que cambian de cultura en cultura, de sociedad en sociedad, de pueblo en pueblo. Cada comunidad comparte un conjunto de satisfactores propios y específicos, que incluso la diferencian de otra. 

El "Desarrollo a Escala Humana", publicado en 1986, contiene la propuesta de una teoría de las necesidades humanas fundamentales y una concepción del desarrollo que rompe radicalmente con las visiones dominantes que lo hacen análogo al crecimiento económico. Planteamos la existencia de un sistema conformado por la interacción de tres subsistemas, donde cada uno juega un rol: el subsistema de las necesidades, el subsistema de los satisfactores y el subsistema de los bienes. 

En "Desarrollo a Escala humana" proponemos que las necesidades son pocas, finitas y consecuentemente, clasificables. A nuestro entender, existen nueve necesidades humanas fundamentales: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, creación, participación, ocio, identidad y libertad. Cada una de estas necesidades fundamentales es a su vez un subsistema dentro del subsistema de las necesidades humanas fundamentales. 

Esta definición de necesidades constituye un nuevo esfuerzo por cartografiar aquello que hemos llamado con distintas denominaciones: mente, espíritu, psiquis, alma, interioridad, aparato psíquico, entre muchas otras. El aporte de esta elaboración consiste en que identifica y denomina vivencias humanas tan compartidas y evidentes en sí mismas que ni siquiera requieren una definición, y además las organiza conceptualmente con una mirada sistémica, entendiéndolas no sólo por su carácter de carencias o privaciones, sino también en su dimensión de potencialidades para el despliegue de la vida. Es la propia necesidad la que nos empuja a satisfacerla, y para ello desplegamos nuestro existir individual y social. De allí se deriva que la satisfacción de las necesidades humanas no es la meta, sino el motor de los procesos de desarrollo y evolución humana. 

Esta simple distinción introduce un quiebre con toda una tradición intelectual, e incluso ideológica, que ha tendido a ver a las necesidades humanas exclusivamente como una limitación o un obstáculo, ya sea como consecuencia de un castigo divino o extranatural, como resultado de dotaciones genéticas diferenciales, como producto de una evolución histórica y cultural ajena a nuestro propio actuar, desconociendo así su naturaleza dialéctica y contradictoria y el enorme potencial transformador contenido en ellas. 

Las nueve necesidades identificadas tienen un rango, un estatuto ontológico, similar. No hay ninguna necesidad de menor categoría que otras. Conforman un sistema y están profundamente imbricadas unas con otras constituyendo lo que podríamos llamar la naturaleza humana, en forma análoga a los sistemas o subsistemas que conforman nuestro organismo biológico como seres vivos. Existe una permanente retroalimentación entre ellas y operan tanto como potenciadores o como limitantes unas de las otras, dependiendo del contexto que se viva. De la misma manera que es imposible determinar si es más importante para nuestro operar biológico el sistema cardiorrespiratorio o el sistema gastrointestinal ocurre algo parecido con las necesidades. Al contrario de la visión dominante, que nos ha hecho creer que la necesidad fundamental es la necesidad de subsistencia, nuestra propuesta no plantea jerarquías dentro del sistema. Todas las necesidades tienen una importancia similar. 

Las necesidades humanas fundamentales son iguales para todos e iguales en importancia. De ser así deberemos cambiar el concepto de pobreza y también el de riqueza, porque en la visión tradicional, la pobreza está asociada exclusivamente a ausencia de subsistencia, vale decir de pan, techo y abrigo. En nuestra concepción para todas las necesidades existe un umbral pre-sistémico. La carencia o ausencia en cualquiera de ellas, más allá de un cierto umbral, puede conducir al desmoronamiento del sistema de necesidades y consecuentemente de la vida. La gente se muere no solamente de hambre sino que se muere también por falta de afecto o por carencia de identidad. De allí que sea necesario, entonces, hablar de pobrezas y de riquezas. 

Determinar cuales son las riquezas deseables y las pobrezas prioritarias de resolver, para asegurar el futuro a las generaciones actuales y venideras, debería ser la principal tarea del debate ciudadano en torno a las políticas públicas. Y la Línea de Dignidad puede ser un adecuado instrumento para realizar esta imprescindible tarea. 

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Antonio Elizalde

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Contribución de ImaginaMexico para Discusión en Linea Wikiprogress America Latina

Esta contribución de José Luis Chicoma y Ana Lucía Dávila forma parte de la discusión en línea de Wikiprogress América Latina (http://bit.ly/18oXTu4) "Políticas Públicas para el Buen Vivir y el Bienestar"

Enfoque del Bienestar Subjetivo:Una luz para las políticas del buen vivir y el bienestar. 

Una de las razones que ha hecho cada vez más cuestionable la utilidad de los indicadores económicos como indicadores de bienestar y progreso, de acuerdo con las líneas de Rojas que abren el tema de discusión, es la distancia entre la percepción que los políticos tienen de sus logros -beneficios para la ciudadanía- y la que los ciudadanos se forman. Éste es un punto que raramente se toca. Dicha distancia se debe a que el bienestar, y en última instancia el progreso, es muy frecuentemente entendido a partir de una concepción parcial del bienestar humano. 

Sin duda, el bienestar no es una estructura hueca, pero cabe aclarar que tampoco es multidimensional, como suele afirmarse: no tiene múltiples dimensiones: lo que tiene son muchos factores que lo explican. Hay factores o componentes emotivos y factores cognitivos; hay factores del entorno y factores más intrínsecos a las personas, por poner algunos grandes grupos. Así, cualquier política o acción de la que el gobierno sea responsable y que tenga consecuencias (externalidades, dirán los economistas) en alguno de los muchos factores que influyen en el bienestar lógicamente lo alterará. 

De ahí que cuando el gobierno obtiene logros de acuerdo con las metas que se fija, pero descuida (o más grave: desconoce) el efecto de dichos logros sobre otros aspectos de la vida de las personas -efecto no contemplado en la metas que se fijó- la percepción que éstas tienen de tales logros dista de la que el gobierno se formó. Esta distancia se hace evidente cuando cruzamos los datos que muestran la consecución de los logros con los datos de bienestar subjetivo; es decir, cuando vemos que el bienestar reportado por las personas diverge del bienestar que los funcionarios públicos creen haber generado con sus logros. 

Un ejemplo más o menos reciente y muy claro lo encontramos en Chile. Durante la década de los 90 y parte de la de 2000, las políticas de Chile lo convirtieron en el país con la tasa de crecimiento económico más alta de América Latina, logro en el que los funcionarios chilenos no dudaron apoyarse para enarbolar la bandera del progreso nacional. Sin embargo, el bienestar que los chilenos reportaron en esos años estuvo entre los más bajos de Latinoamérica (Rojas, 2012): claramente hubo una distancia entre la percepción que los ciudadanos tenían de su bienestar y el bienestar que las autoridades aseguraban haber generado. Por esta misma razón, el bienestar reportado por las personas -bienestar subjetivo- permite no sólo evaluar el desempeño de los gobiernos, sino que ayuda a predecir la victoria de los partidos políticos en las elecciones: el bienestar subjetivo mantiene una relación positiva y fuerte con la probabilidad de victoria del oficialismo (Martínez-Bravo, de próxima aparición). Esto es, mayores niveles promedio de satisfacción de vida de la población hacen más probable que el partido oficial vuelva a ganar las elecciones presidenciales. En suma, concebir al bienestar humano de una manera incompleta –es decir, no concebirlo holísticamente- impide que se logre el impacto esperado en el bienestar de la población y, consecuentemente, que haya una distancia entre el bienestar percibido por la gente y el que los gobernantes creen haber generado. Una consecuencia de ello es que el día de los comicios los ciudadanos castigan a sus gobernantes –concretamente, al partido que representan- emitiendo un voto en su contra. 

La implicación de todo esto es clara: las políticas públicas deberían diseñarse con base en la información sobre bienestar subjetivo, es decir, con base en una concepción holística -y no parcial- del bienestar, no sólo porque así se incide verdaderamente en el bienestar de la población, que es lo que a todos nos interesa, sino porque los políticos incrementan su probabilidad de permanecer en el poder, que es lo que a ellos les interesa. 

Por lo anterior, toda política pública para el buen vivir y el bienestar debe necesariamente superar el enfoque que prioriza la acumulación de riqueza y adoptar uno menos acotado que vea por otros aspectos relevantes de la calidad de vida de las personas. Uno que al buscar mejorar un aspecto de la vida de las personas (frecuentemente el económico) no descuide otros factores fundamentales del bienestar: que no cause estragos en su salud; que no inhiba la experiencia de emociones positivas como el entusiasmo, la alegría o el cariño, y que no propicie la experiencia de emociones negativas como la angustia, el enojo o la tristeza; que no deteriore las relaciones humanas (las relaciones con la familia y los conocidos); que no disminuya la disponibilidad del tiempo libre y su uso gratificante (el tiempo para convivir con los seres queridos y para dedicarlo a uno mismo en pasatiempos y actividades recreativas). No hacerlo puede ocasionar que millones de personas terminen menos satisfechas con su vida, aun cuando las metas se hayan cumplido -pues son metas, vale la pena insistir, planteadas a partir de un enfoque incompleto del bienestar. Se ha encontrado, por ejemplo, que las reformas pro-mercado adoptadas a principio de los 80 por varios países latinoamericanos han tenido un efecto negativo, o nulo en el mejor de los casos, sobre el bienestar subjetivo (Rojas, 2010). La explicación radica en las exigencias tanto mentales como físicas que impone una economía orientada por la competencia de mercado y en el hecho de enfrentar, bajo una economía de este tipo, aspiraciones siempre lejanas y crecientes, lo que va en detrimento la salud, del componente afectivo –emociones- del bienestar y de la disponibilidad de tiempo. Para abonar a esta explicación, también se ha mostrado convincentemente que las políticas de las economías de mercado deterioran las relaciones con los amigos y la vida familiar (Lane, 2000). 

Urge incorporar el enfoque del bienestar subjetivo al análisis, diseño y evaluación de políticas públicas que busquen incidir en el bienestar y buen vivir de la población. Es importante tener en cuenta que las políticas públicas alcanzan ámbitos de la vida de las personas que van más allá de aquellos a los que buscan atender explícitamente. Por ello, adoptar el enfoque del bienestar subjetivo –el cual concibe al bienestar humano holísticamente y no lo desagrega en partes- arroja luz sobre los resultados finales de las políticas públicas en el bienestar de la población. 

En suma, concebir incompletamente al bienestar es lo que produce la distancia entre la percepción que los políticos se forman del bienestar de las personas y la percepción que éstas tienen, y esta distancia será insalvable toda vez que el bienestar se siga entendiendo en términos acotados; toda vez que continuemos descomponiendo el bienestar y enfocándonos en sólo algunos componentes (como el económico y el de la salud, por ejemplo) de dicha descomposición a la hora de diseñar e instrumentar políticas públicas para el buen vivir.

Lane, R. (2000). The Loss of Happiness in Market Democracies, University Press, Yale, New Heaven. 

Martínez-Bravo, I. (de próxima aparición). The Usefulness of Subjective Well-being to Predict Electoral Results, en Handbook of Happiness Research in Latin America. 

Rojas, M. (2012). El Bienestar Subjetivo en América Latina, en M. Puchet, M. Rojas, R. Salazar, F. Valdés y G. Valenti, América latina en los Albores del Siglo XXI: Política, Sociedad y Economía, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Rojas, M. (2010). The Relevance of Measuring Happiness: Choosing between De- velopment Paths in Latin America, International Social Science Journal. 

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ImaginaMexico

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Contribución del Dr. Emilio Moyano-Díaz para Discusión en Linea Wikiprogress America Latina

Esta contribución del Dr. Emilio Moyano-Díaz forma parte de la discusión en línea de Wikiprogress América Latina (http://bit.ly/18oXTu4) "Políticas Públicas para el Buen Vivir y el Bienestar"

Políticas Públicas para El Buen Vivir y el Bienestar. 

¿Existe la necesidad en América Latina de evaluar el desempeño social con indicadores que van más allá del Producto Interno Bruto y su tasa de crecimiento? 

Sí. La necesidad existe. Sin embargo, hay amplios sectores ciudadanos que educar respecto de ello, ya que desde antiguo ha sido instalada en la representación social acerca del desarrollo de las naciones la idea que es el crecimiento económico e indicadores tales que el PIB lo que marcaría ‘evidencia‘ de cuál es el estado del desarrollo. Más aún, parece considerarse que se trata de una dimensión e indicador únicos o inevitables. Quienes están en las ciencias sociales distintas a la economía trabajando en temas de marginalidad, exclusión, desigualdad, pobreza, minorías, pueblos originarios, género, empoderamiento, emprendimiento, menores en conflicto con la justicia, criminalidad, ó en salud pública -depresión, accidentalidad, enfermedades cardiovasculares- etcétera conocen la importancia que indicadores propios de estos temas sean –de algún modo- incorporados al análisis del desarrollo o progreso social de la sociedad.

Si es así, ¿Qué otros indicadores deberíamos tomar en cuenta para evaluar el progreso social y el bienestar de los habitantes? 

Indicadores adicionales de tomar en cuenta podrían ser clasificados en dos tipos, aquellos indicadores que dan cuenta de lo ‘indeseable’ o de lo que habría que eliminar o intentar eliminar de la sociedad, y aquellos que dan cuenta de lo deseable, de lo aspiracional. Entre los primeros y a modo de ejemplo se puede identificar, i) tasa de suicidio, ii) tasa de depresión, iii) tasa de mortalidad de tránsito, tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Entre los del segundo tipo se podría incluir: a) nivel de satisfacción por ámbitos –trabajo, familia, amigos, ocio-, bienestar psicológico, felicidad.

¿Qué consecuencias tiene esto para las políticas públicas, programas sociales, y estrategias de desarrollo que se llevan a cabo en América Latina? En primer lugar se requeriría incorporar entre los elaboradores de política a especialistas en los temas a los que refieren los dos tipos de indicadores, es decir, la constitución de equipos multidisciplinarios de científicos sociales con dinámica de trabajo horizontal. 

La incorporación de distintos especialistas en ciencias sociales –psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, antropólogos y similares, además de economistas- permite ampliar la perspectiva hacia la identificación de temas de desarrollo social propios de la época y el subsecuente encuentro o construcción de otros indicadores. Tal vez pueda así reunirse evidencia suficiente como para dirigirse a la construcción de políticas públicas que estén enfocadas al desarrollo de las potencialidades o virtudes psicológicas de las personas a las cuales las políticas estarán dirigidas. 

En segundo lugar, la incorporación de nuevos temas permitirá redefinir objetivos de política y así, la generación de programas que respondan a las nuevas realidades de la sociedad contemporánea y la diversidad.

¿Qué consecuencias tiene esto para las políticas públicas, programas sociales, y estrategias de desarrollo que se llevan a cabo en América Latina? 

Ignoro si en América latina hay ejemplos de política pública que consideren el bienestar y felicidad de los habitantes. Se asume que toda política va dirigida al bienestar de las personas pero parece haber abundantes resultados paradójicos que des-confirman este propósito y que ponen en evidencia resultados de profundo malestar, insatisfacción e infelicidad. 

En Chile dos casos relativamente recientes han sido el de la política educacional que después de su imposición por parte de la dictadura militar y ‘optimización’ de parte de sucesivos gobiernos democráticos democratacristianos o social demócratas post-dictadura ha estallado -en 2011- en manifestaciones callejeras estudiantiles inicialmente y con apoyo ciudadano después. En otro ámbito, el del transporte público, la elaboración de un programa de transporte ´moderno´ para la ciudad de Santiago, denominado ‘Transantiago’ y su implementación en 2006 provocó consecuencias (‘externalidades’) dramáticas en pérdida de trabajos, porque las personas no podían llegar a la hora requerida a sus trabajos, reorganización familiar para posibilitar que las mujeres, especialmente las más jóvenes, pudieran ser acompañadas para acceder -o regresar- desde lejanos paraderos de buses a sus casas, con menos vulnerabilidad a asaltos o ataques delictivo. También se ha observado –hasta hoy- evasión de pago del pasaje, y acciones de mayor violencia como golpizas a choferes de los buses, incendio de buses, etcétera, todo lo cual son indicadores ‘naturales’ de profundo malestar, insatisfacción e infelicidad.

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Dr. Emilio Moyano-Díaz

Inv. Responsable Programa de Investigación
Calidad de Vida y Ambientes Saludables
Facultad de Psicología
Universidad de Talca

Contribución de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas

Esta contribución de José Luis Chicoma y Ana Lucía Dávila forma parte de la discusión en línea de Wikiprogress América Latina (http://bit.ly/18oXTu4) "Políticas Públicas para el Buen Vivir y el Bienestar"

Políticas Públicas para El Buen Vivir y el Bienestar. 

América Latina es una de las regiones más privilegiadas en el mundo. Rica en recursos naturales, capital humano y ubicación geográfica, la región contiene algunos de los países considerados los más felices del mundo y algunas naciones consideradas como las potencias emergentes del siglo XXI. Sin embargo, esta misma región, una vez considerada como el paraíso de los conquistadores europeos, hoy en día se ve aquejada por predominante pobreza, problemas de desnutrición, subdesarrollo, rezago educativo y una creciente brecha entre ricos y pobres que ha reducido significativamente su competitividad en las dinámicas del mercado global. En este sentido, la medición y el entendimiento total sobre la situación económica y social en América Latina es un reto constante que diversos indicadores e índices internacionales no han logrado enfrentar con eficacia. En los últimos años, la globalización y el desarrollo tecnológico han transformado a las sociedades latinoamericanas significativamente y han puesto de manifiesto la necesidad de generar indicadores prudentes y asertivos para comprender la realidad de los países latinoamericanos. Diversas experiencias han puesto de manifiesto la insuficiencia de valores como el PIB para entender la situación de bienestar de una sociedad. Un ejemplo destacado es el caso de México, país donde radica el hombre más rico del mundo y dónde en ciudades como Monterrey y el Distrito Federal se concentran poderosos y privilegiados empresarios. Aun cuando estos personajes representan un mínimo porcentaje de la población, sus enormes fortunas contribuyen a que, visto desde una perspectiva macro y general, basada en un promedio que parte de la suma del ingreso de todos los mexicanos para dividirse entre el número de habitantes, el PIB per cápita en el país parezca atractivo. Sin embargo, esta mirada al PIB per cápita no es un reflejo de la realidad en la que 45.5% de la población vive en condiciones de pobreza. Así, los países latinoamericanos (como el resto de los países del mundo) tiene la enorme necesidad de evaluar el desempeño social con indicadores complejos e integrales que tengan la capacidad de ofrecer una mirada clara a la realidad de sus sociedades. 

Felicidad y bienestar: las prioridades del siglo XXI 

Recientemente los estudios de la felicidad y la inclusión de ésta como eje central en el bienestar social han ganado gran popularidad y aceptación en índices internacionales, temas de investigación, publicaciones e incluso, en la elaboración de políticas públicas. La felicidad es una aspiración universal que rebasa culturas, religiones e idiomas y por ende, tiene una inminente importancia en toda sociedad. 

Desde tiempos de Aristóteles, la felicidad ha sido contemplada en el desarrollo de las sociedades como un elemento de gran importancia. Posteriormente, su concepción como un tema de derechos y su inclusión en la ley se comenzará a gestar en tiempos de Thomas Jefferson, quien incluyó la persecución de la felicidad (“the pursuit of happiness”) como un derecho de todo ciudadano americano. Sin embargo, ha sido hasta décadas recientes que la felicidad comienza a figurar como dimensión e, incluso, como indicador de bienestar individual y social. En la década de los setentas los indicadores sociales como elementos para medir el desarrollo y el bienestar cobran gran auge y la perspectiva sobre estos temas se amplía frente a la crítica de los indicadores macroeconómicos y meramente cuantitativos. En 1972, Bután se convirtió en el primer país que considera la medición de la felicidad como una alternativa al PIB para la medición de progreso social. Con el concepto de “Felicidad Nacional Bruta” (Gross National Happiness) se da inicio al desarrollo de la “Economía de la Felicidad” (Happiness Economics), concepto que pretende establecer una relación entre el desarrollo económico y el bienestar social. Esta tendencia ha tenido gran resonancia en el mundo, tanto en naciones como en destacados organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas. 

En décadas recientes, el interés por estudiar la felicidad y generar conocimiento sobre cómo se obtiene, cómo se mantiene y cómo se mide, ha dado lugar a un creciente cúmulo de material, indicadores e incluso teorías que buscan dar respuesta a estos puntos pero, de manera más importante, buscan servir de herramienta para la elaboración de mejores políticas públicas encaminadas al bienestar social. Índices como el World Happiness Report de la ONU y el Happy Planet Index son esfuerzos destacados para medir la felicidad de los países, aunque en ocasiones han demostrado que la felicidad no es producto exclusivo del desarrollo económico ni del contexto político de una nación. Por otro lado, cabe destacar un esfuerzo sobresaliente en materia de bienestar social: el Better Life Index de la OCDE. El éxito de su práctica, desde nuestro punto de vista, consiste en la consideración de múltiples variables que son actualizadas constantemente y consultan la opinión directa de los ciudadanos a través de su plataforma en internet y otras metodologías. La consideración de la percepción acerca del entorno en el que se desenvuelven las personas resulta el perfecto complemento para los indicadores objetivos y datos duros como el PIB. Aunado a esto, el Better Life Index reúne medidas internacionales comparables de bienestar en línea con las recomendaciones de de la Comisión Stiglitz-Sen-Fitoussi (reunida por Nicolás Sarkozy en 2011) que miden variables que otros indicadores de felicidad dejan fuera. Finalmente, las herramientas en línea que el índice contiene presentan la información de manera dinámica y sencilla, permitiendo un mayor entendimiento para sus usuarios. Asimismo, destaca la posibilidad de establecer comparaciones entre los resultados de cada país y de transmitir las opiniones individuales sobre lo que tiene mayor valor para cada uno en la vida. Por ende, este índice no sólo es complejo e integral, sino que ha considerado prioritaria la transmisión de información al ciudadano promedio y cumple con una labor docente que permite propagar los resultados con facilidad, incrementando su capacidad de impactar e influir en los procesos de generación de políticas públicas. 

Aportaciones: complejidades y retos 

El entusiasmo generalizado en torno al tema del bienestar y la inclusión de la perspectiva de felicidad han dado lugar a una cantidad significativa de aportaciones, indicadores y modelos que plantean una medición y recomendaciones para alcanzar ambos. Mientras la profundización en su estudio es un rasgo positivo de las sociedades contemporáneas, la gran cantidad de aportaciones, visiones y filosofías en el tema no han logrado producir un consenso entorno a la medición del bienestar y la felicidad. Si bien es cierto que algunos indicadores y variables suelen repetirse en múltiples aportaciones, también es cierto que la aproximación a estas en cada estudio suele no ser la misma. Por esto, consideramos que parte esencial del proceso de entendimiento del bienestar y la felicidad radicará en la capacidad de los académicos dedicados a su estudio de llegar a un consenso sobre la mejor manera de medirlos. 

A) La necesidad de una visión integral 

Al momento de elaborar una aproximación a un tema social, el principal reto es la selección de los indicadores y sus respectivas variables. Los temas sociales, por su naturaleza, son comprensivos, integrales y holísticos, por lo que la tarea de seleccionar dichos indicadores es compleja. En Ethos estamos convencidos de la importancia que tiene el entendimiento de las relaciones entre variables, contextos y actores para producir una aproximación integral a las problemáticas sociales. Partiendo de esta premisa, Ethos se dio a la tarea de elaborar una propuesta innovadora y creativa en el complicado tema de la pobreza en América Latina. 

B) Índice Ethos de Pobreza 

América Latina es una de las regiones en el mundo con mayores niveles de inequidad, así como importantes rezagos en su desarrollo. Si bien, los problemas en educación, salud, nutrición, servicios básicos e infraestructura asientan, extienden y prolongan la pobreza, en Ethos consideramos que estos factores constituyen sólo una parte de las necesidades de los individuos. Así, consideramos que la elección de vida, es decir, la libertad del individuo para elegir su manera de vivir, depende de las condiciones sociales, políticas y legales de su país. 

El Índice Ethos de Pobreza (2011) tiene por objetivo ofrecer una visión comprehensiva para enriquecer el estudio de la pobreza a través de una medición multidimensional que sea acorde a la realidad de América Latina. Con esta nueva medición se pretende no sólo obtener un panorama más claro y realista sobre la situación de pobreza de los países latinoamericanos, sino también contribuir a una mejor toma de decisiones gubernamentales para abatir este fenómeno que tanto afecta a la región. El Índice considera elementos estructurales que pueden exacerbar o revertir la pobreza, entre los que destacan el desarrollo democrático de un país y la confianza en sus instituciones. Asimismo, consideramos que es necesario contar con instituciones que fomenten la confianza de los ciudadanos en ellas, por lo que es de suma importancia considerar a la corrupción como uno de los elementos esenciales en el estudio, considerando la relación que ésta guarda con la distorsión de programas públicos, desviación de los recursos y pérdida de eficiencia en la asignación de los mismos. 

Siguiendo la metodología propuesta por Alkire y Foster (2007), el índice se construye a partir de dos componentes: Pobreza de Hogar y Pobreza de Entorno. La Pobreza de Hogar considera la carencia o satisfacción de ingreso necesario para acceder a una alimentación adecuada, educación, agua potable y servicios sanitario, material de las paredes, hacinamiento, combustible para cocinar y electricidad. Por su parte, la Pobreza de Entorno considera a 21 variables agrupadas en 7 dimensiones de bienestar: salud pública, instituciones, economía, democracia, seguridad pública, género y medioambiente. Los aspectos relacionados con entorno en el que se desenvuelven los individuos afectan de forma significativa la condición de pobreza de los mismos. En el índice se observa que la medición tradicional de pobreza refleja resultados que, en algunos casos, van en sentido opuesto, respecto a la medición de Pobreza de Entorno. Tal es el caso de Colombia y Venezuela. Este último, a pesar de mostrar una Pobreza de Hogar relativamente baja, el resultado obtenido en la Pobreza de Entorno, hace que este país retroceda posiciones en el ranking final. Por el contrario, Colombia muestra importantes desafíos en Pobreza de Hogar y, aunque su Pobreza de Entorno es también importante, ésta hace que el resultado final de este país sea mejor, así el país menos pobre en las dos dimensiones en el índice de 2011 fue Chile y el más pobre Bolivia. 

El Índice Ethos de pobreza representa un esfuerzo hacia la inclusión de indicadores de entorno y de contexto que intentan reflejar elementos tanto objetivos como subjetivos, como la confianza de la ciudadanía en las instituciones y la satisfacción de los individuos con su entorno. Partiendo de esta visión holística e integral que intenta combinar tanto indicadores objetivos como subjetivos, considerando factores en el tema de la pobreza que otros índices no contemplan., Ethos propone el estudio del fenómeno del desarrollo de las ciudades y de los individuos dentro de estas como indicador de bienestar y de felicidad.

C) Urbanismo 

Para 2030, 6 de cada 10 personas vivirán en ciudades, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas. El mundo en el que vivimos se esta volviendo predominantemente urbano y esto inevitablemente plantea nuevos retos y problemáticas que inciden directamente en el bienestar humano y en el desarrollo social, económico e, incluso, político. En América Latina, el desarrollo económico acelerado en años recientes ha dado lugar a una explosión urbana que en su mayoría carece de planeación y diseño. La ciudad de México, por ser una de las más importantes y grandes del mundo, padece del caos inherente a la explosión demográfica, la falta de políticas públicas encaminadas al urbanismo y los profundos contrastes entre ricos y pobres. 

Ethos ha identificado la falta una aproximación comprehensiva y transversal al tema del urbanismo y a las diversas problemáticas sociales relacionadas con el crecimiento y el desarrollo de las ciudades en México. Temas como la accesibilidad, la peatonalidad, la responsabilidad medioambiental, la nutrición y la sustentabilidad son solo algunas de las múltiples caras que los problemas relacionados con un urbanismo irresponsable plantea. Considerando la relación existente entre el desarrollo de la ciudad y el bienestar de sus ciudadanos, Ethos ha emprendido un proyecto de investigación que busca plantear una nueva perspectiva del urbanismo en términos de políticas públicas, donde el bienestar social, la felicidad y el desarrollo integral de los ciudadanos y, sobre todo, de las comunidades sean ejes esenciales. 

D) Ciudades y felicidad 

Debido a las inevitables tendencias mundiales de urbanización, las nociones de bienestar y felicidad en la ciudad cobrarán mayor relevancia en los próximos años y, por ende, será fundamental que las políticas públicas consideren los retos que plantea el desarrollo urbano, pero sobre todo, comprendan el potencial de las ciudades como focos de productividad, competitividad y desarrollo. 

Así, considerar la vida dentro de las ciudades como eje de bienestar social y felicidad se vuelve indispensable para América Latina. Los indicadores de bienestar social del siglo XXI deberán contemplar el diseño y la planeación urbana como indicador de bienestar. Como ya varios indicadores lo hacen, será fundamental contemplar variables como acceso al transporte público, conectividad de la ciudad, medio ambiente y contaminación, espacios recreativos y áreas verdes, oportunidades para la formación de comunidades y participación ciudadana, acceso a servicios básicos, vivienda, infraestructura, seguridad, accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidades y caminabilidad, entre otros. 

Sin embargo, la mayoría de los índices que contemplan el bienestar e incluso su medición específicamente en las ciudades, suelen ignorar el factor social de la naturaleza humana y de las ciudades, mismo que debe de ser incluido en cualquier perspectiva de bienestar en zonas urbanas. En nuestra concepción del bienestar social, consideramos que es fundamental entender a las ciudades como motores de energía compuestas por seres humanos, “las ciudades son librerías gigantes llenas no de libros pero de gente” (Alain de Botton), y concebir al bienestar de las ciudades como el combustible de este motor de productividad. 

La vida en comunidad es un elemento central al hablar del bienestar social y la felicidad en zonas urbanas. Las ciudades son más que un cúmulo de personas que comparten un espacio físico en el que habitan y se desenvuelven. Las ciudades son organismos con vida y con movimiento, que crecen, evolucionan y se desarrollan entorno a las interacciones y conexiones de los individuos que las habitan. Las ciudades son lugares de intercambios y conexiones y un foco de población que genera ideas, mismas que se traducen en productividad. El bienestar de las personas incide directamente en esta dinámica que se tiene la capacidad de generar un ciclo virtuoso: A mayor bienestar, mayor productividad, mayor desarrollo y, por ende, mayor bienestar. 

Para lograr este bienestar generalizado que da lugar a mayor productividad, es necesario que los individuos se conviertan en parte de una comunidad donde la convivencia sea armoniosa. El bienestar generalizado genera una convivencia que incide en un manejo positivo de la densidad poblacional que, a su vez, implica una gestión efectiva de espacio, tiempo e individuos. Partiendo de la premisa de que las ciudades son lugares de intercambios, interacciones y conexiones entre individuos y comunidades, y considerando la teoría de Aristóteles que establece que los seres humanos son sociales por naturaleza, y, por ende, parte importante de su felicidad proviene de las interacciones sociales que éste tiene con otros individuo, consideramos necesaria la inclusión de un indicador capaz de medir la cantidad de intercambios entre los seres humanos en la ciudad como un indicador de felicidad y bienestar social. Las ciudades deben entenderse entonces, más que como un conjunto de infraestructura física que permite la vida, como un conjunto denso de seres humanos que se relacionan, se estimulan, producen y se desarrollan. 

Midiendo el bienestar en América Latina 

En el debate de la selección de indicadores y variables para la medición del bienestar y la felicidad en América Latina siempre es importante considerar las ventajas y desventajas de la elección de indicadores objetivos y subjetivos. La medición y el estudio a profundidad de los problemas sociales, como se ha mencionado ya, por su naturaleza, serán complejos y holísticos y no se debe de perder de vista la posibilidad de caer en vicios comunes de indicadores ya existentes. 

El sesgo, quizá es el vicio más recurrente en la elaboración de indicadores. La selección de los indicadores y las variables, la interpretación de las mismas y el entendimiento de los conceptos involucrados en estos, generalmente dan lugar a un sesgo inevitable entre las diferentes personas que colaboran en la realización del estudio. Así mismo, las diferentes interpretaciones, percepciones e incluso paradigmas de quienes elaboran la metodología puede sesgar los resultados del estudio. Debido a que no existe un consenso respecto al significado de una “buena calidad de vida”, no es posible realizar una medida o índice comprehensivo y sintético esta. La complejidad de los factores y los diferentes puntos de vista hace necesario construir una “taxonomía que ordene las dimensiones del concepto”, como sugiere Eduardo Lora en su estudio sobre indicadores subjetivos (2011). 

Por otro lado, estos indicadores con frecuencia se enfrentan a la limitación que representa la particularidad de cada caso. Así, los estudios e indicadores que miden la felicidad y el bienestar no están exentos de la crítica que se ha hecho en repetidas ocasiones a los indicadores que miden la pobreza y a los programas de ayuda extranjera para el desarrollo: Cada país es único y enfrenta retos particulares, producto de sus características y contexto específico. Así, las fórmulas universales y las recetas generales se encuentran restringidas significativamente. El contexto de cada país es único, e incluso al interior del mismo se encuentran una amplia variedad de estos. Factores como el clima, el pasado histórico, la ubicación geográfica e incluso los patrones culturales. Organismos como el BID se han preocupado por estas características diferenciadoras y han introducido dentro de los indicadores de interés sobre la calidad de vida las variables de tipo “nacional”, que corresponden al contexto nacional o subnacional (estados, ciudades, etc.). Tales variables son, en su mayoría, objetivas y se dividen en: Políticas, instituciones y condiciones de vida material para su población. Sin embargo, dichas variables siguen siendo aplicadas universalmente y en algunas ocasiones no contemplan fenómenos particulares de cada país, estado o ciudad. 

Finalmente, es importante resaltar la preocupación generalizada respecto a la elaboración y aplicación de indicadores que miden el bienestar. A pesar de la amplia literatura existente sobre el tema del bienestar y la inclusión de la felicidad como eje determinante en su medición, todas estas aportaciones enfrentan un reto de gran importancia: la traducción de sus hallazgos y recomendaciones en acciones concretas, o de manera más específica, en iniciativas de política pública. En este aspecto es importante resaltar el caso de éxito de Bután, dónde en la década de los setentas se introdujo la dimensión de Felicidad Nacional Bruta, misma que logró traducirse efectivamente en eje rector de diversas políticas públicas en el país, e incluso iniciativas internacionales. La resolución de las Naciones Unidas 65/309 (2011) denominada “Felicidad: hacia un acercamiento holístico al desarrollo” fue patrocinada por Bután y co-patrocinada por 68 países, y en 2012 la reunión de la ONU en Costa Rica tuvo como resultado el establecimiento de un Secretariado en Bután, apoyado por un grupo de trabajo de expertos internacional, con el objetivo de desarrollar un nuevo paradigma de desarrollo global. 

Conclusión 

Fuera de Bután y países con prácticas destacadas como Australia, Canadá, Francia y Reino Unido, en el resto del mundo aun hay mucho por hacer en el tema de la conversión de recomendación a acción y política pública, especialmente en América Latina. Además de la urgencia de asumir un paradigma de desarrollo humano que refuerce y ejerza las dimensiones del bienestar social y la felicidad, es fundamental el compromiso de los gobernadores hacia un gasto público eficiente y responsable, políticas públicas integrales, y la aplicación y consideración de indicadores capaces de medir el impacto de esto. 

Dichos indicadores de bienestar deberán encontrar el equilibrio óptimo entre el uso de indicadores objetivos y subjetivos. Estos últimos no deben ser menospreciados, pues, por el contrario, la medición de variables subjetivas como la opinión, apreciación y percepción individual tienen el rol de complementar, refutar o cuestionar los resultados de las variables objetivas, lo que ofrece una percepción más completa de la realidad, así como la identificación de problemas de mayor profundidad y complejidad. En este sentido es valioso rescatar un ejemplo más de México. Este país tiene el gasto más elevado en educación entre los países de la OCDE. Si analizamos este indicador duro y objetivo, se tiende a asumir que sus niveles educativos son igualmente elevados, pero una mirada a la percepción de las personas sobre el sistema educativo mexicano, un análisis del futuro posible de quienes son beneficiarios del servicio y, el complemento de las vergonzosas pruebas de México en la prueba Pisa, permiten demostrar que México tiene la peor calidad educativa entre el mismo grupo de países. Así, la conjunción de ambos tipos de indicadores permite observar que hay un problema de fondo, más allá de lo que cualquier indicador por sí solo puede revelar. La corrupción, la ineficiencia y el sindicato de maestros son solo algunos de estos problemas que yacen bajo estos indicadores. 

México no es el único país que es víctima de los sesgos y de la manipulación de los indicadores para representar una realidad que es más una fantasía. América Latina necesita generar un consenso, no solo entorno a la conceptualización del bienestar y la felicidad y la metodología para medirlos, sino también para introducir con carácter urgente y prioritario estos temas a nuestras agendas de políticas públicas. No debemos olvidar que América Latina no está exento del fenómeno de la urbanización y el crecimiento demográfico, por lo que la visión del bienestar y la felicidad deberán contemplar al diseño urbano y a la concepción de la ciudad como un cúmulo de interacciones humanas que generan productividad y competitividad en la elaboración de políticas públicas estructurales. 

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José Luis Chicoma
joseluis.chicoma@ethos.org.mx 

Ana Lucía Dávila
ana.davila@ethos.org.mx

Organización: Ethos. Laboratorio de Políticas Públicas